El gobierno uruguayo podrá levantar el secreto bancario sin una orden judicial para brindar información a los países con los que firme acuerdos, según el compromiso que asumió dicho país con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El anuncio lo realizó el ministro de Economía de ese país, Alvaro García, inmediatamente después de que la OCDE retirara al país de su "lista negra" de naciones que incumplen las normas de intercambio de información en materia fiscal. La inclusión de Uruguay en esa lista provocó un gran revuelo en el país, donde figuras políticas de todos los ámbitos rechazaron que se incumplieran las normas internacionales que regulan el secreto bancario. Y también generó todo tipo de suspicacias respecto del papel jugado por Argentina en la confección de la misma.
Las "presiones" de Argentina
Una vez que el vecino país saliera de la "lista negra", el presidente Tabaré Vazquez consideró que se "puso al país a prueba" y Uruguay terminó saliendo "muy bien" parado.
Pero no todo terminó allí, ya que fuentes cercanas al mandatario dijeron que todas las miradas se dirigieron hacia Buenos Aires, pues Vázquez consideró que "la mano de Argentina estuvo detrás de todo esto", según consignó el diario uruguayo El País. Consultado el Ministro de Economía, sobre si Argentina habría presionado para que Uruguay fuera incluido en la lista, dijo que "no tenemos ningún elemento para afirmar eso". Desde Argentina se planteó algo similar.
No obstante como telón de fondo está el hecho de que Argentina siempre ha planteado su molestia por no poder recibir información tributaria de Uruguay.
"Ni Brasil ni la Argentina logran que el pequeño país hermano les proporcione información catastral de Punta del Este, ni tampoco ha cesado el uso de sociedades pantalla por parte de empresas y personas jurídicas residentes en la Argentina y Brasil que desean sustraerse a la acción de los fiscos", apuntó Jorge Gaggero, especialista en temas tributarios del Cefidar.
El viernes pasado, el director de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas, David Eibe, dejó en claro que no se dará información a nuestro país, ya que no se prevé un acuerdo de ese tipo con el Mercosur.
"Una negociación de este tipo en el actual contexto del Mercosur no parece en ninguna medida adecuada", señaló Eibe.
El funcionario agregó que "hay otras prioridades, como son la consolidación del propio proceso de integración regional como un mercado común y la consolidación de un sistema adecuado de solución de controversias que proteja efectivamente a los países pequeños".
Eibe dijo que Uruguay "va a elegir con qué Estados celebra esos acuerdos", que serán "aquellos países con los cuales tiene interés en generar un clima de inversión".
La fuerza de los tratados
García explicó que "en caso de que se apruebe alguno de los tratados que se están negociando éste adquirirá fuerza de ley, por lo que no será necesario que haya un proceso judicial para abrir esa información".
Cabe apuntar que el Ministerio trabaja en la firma de acuerdos para evitar la doble tributación con los países de los que recibe inversiones, como España, Portugal, Chile, México, India y China, mientras que se renegoció otro con Alemania que está listo para ser aprobado por los Parlamentos.
El ministro aclaró que esto será para casos "puntuales que tengan que ver con inversiones de un país en otro o viceversa y a solicitud de cada una de las partes".
En los hechos, esto implica que a pedido del fisco de otro país, el Ejecutivo podrá levantar el secreto bancario para, por ejemplo, informar de los movimientos de la cuenta corriente del director de una firma.
El Artículo 26 de la versión 2005 del Modelo Convenio de Impuestos de la OCDE, que el Ministerio de Economía se comprometió a incluir en sus acuerdos para evitar la doble tributación, establece que los países deberán intercambiar la información que se considere "relevante" a los efectos de cumplir con las leyes en materia tributaria.
En su quinto apartado, establece que los Estados no podrán declinar a dar información "sólo porque los datos los tiene un banco, otra institución financiera, persona, agencia o fiduciaria" o porque se "relaciona a la privacidad de la persona".
La situación actual
Actualmente el secreto bancario sólo puede levantarse a pedido de la Justicia Penal o de Familia, siempre y cuando se trate de un proceso en el que esté en juego una obligación alimentaria, y por deudas laborales.
En opinión de Juan Albacete de Guyer y Regules, "existe una ley muy estricta que establece que el secreto bancario debe mantenerse, salvo en los casos en los que un titular decida por su propia voluntad dar a conocer sus datos o bien que exista un tratado que lo determine".
En diálogo exclusivo con iProfesional.com, Albacete consignó que "de esta forma, para que Argentina, como ejemplo, pueda solicitar información sobre depósitos de Uruguay que esté comprendida en el secreto bancario, debería primero existir un tratado entre los dos países que luego sea ratificado por ley".
"Así, es necesaria una nueva ley que anule la anterior para que este pedido sea viable, y llegado ese caso, las acciones de los depositantes en contra de la medida no tendrían fundamento legal", agregó el especialista.
Albacete concluyó expresando que "puntualmente, Uruguay no tiene muchos tratados. No es algo usual y desde le Gobierno se ha reiterado que no hay una iniciativa en este sentido".
También argumentó que "desde el punto de vista general creo que es claro que esto (por el compromiso de Uruguay de incorporar el modelo de la OCDE en sus acuerdos) ayuda, primero, al posicionamiento de la visión del Uruguay. Segundo, a facilitar este tipo de acuerdos (de eliminación de doble tributación) que facilitan la realización de inversiones".
Algunos tributaristas son cautelosos
El experto tributario de Guyer & Regules, Nicolás Juan, planteó que se debe "analizar el tipo de país que queremos", ya sea uno "que siga con secreto bancario o tributario o no". Para Juan "el gran problema es de marketing político. Uruguay es un país colaborador. Si hay algo que ha hecho es todo los deberes". Pero dijo: "Hay que tener mucho cuidado, si con esto nos tratan de llevar a que les demos información a fiscos de países vecinos". El experto en Fiscalidad Internacional y socio del estudio ABCT Asesores, Leonardo Costa le expresó a un medio uruguayo que probablemente se irá a "un intercambio de información focalizado" y agregó que hay que ver "si podemos seguir el modelo de Suiza y Luxemburgo, que dan información sólo en casos de evasión fiscal.
El tributarista Carlos Borba de Deloitte adhirió a la iniciativa, expresando que "el paso lógico ahora son los tratados", pero es necesario definir "qué se va a dar y a cambio, qué se va a pedir".
Pero otros son claramente contrarios
Según Alberto Varela, del Estudio Ferrere Abogados, "Uruguay se obligó a respetar el intercambio de datos tributarios y a celebrar convenios para evitar la doble imposición en base al modelo de la OCDE, pero yo veo que no va a poder celebrarlo por imperio de la Constitución".
Varela explicó que "esto se debe a que entre los derechos comprendidos en ella se encuentra el derecho a la intimidad, en este caso la información que tiene la DGI de los contribuyentes".
"Con la firma de estos tratados Uruguay estaría brindando información a otros países sin recibir información a cambio. Es así como el "interés general" no tiene lugar en este caso, por lo tanto no habría fundamentos para tener que brindar datos a otro Estado", concluyó Varela.
Otro punto que invalidaría su aprobación es que Uruguay no recibe ningún beneficio en recibir información tributaria de los uruguayos en el exterior porque sólo grava la renta uruguaya, por lo que estará dando información a cambio de nada.
Varela también alega que de implementarse, "se obligaría a levantar el secreto bancario - únicamente - respecto del fisco extranjero, ya que el uruguayo no puede levantarlo para fiscalizar a un contribuyente. Por ejemplo, no puede pedir los movimientos de la cuenta corriente".
Se daría entonces la situación de que el fisco uruguayo podría levantarlo para un contribuyente extranjero y no para uno local.
Claro está que para no caer en este sinsentido se podría levantar también a favor de la DGI uruguaya, con lo que se haría otro "agujero en el queso" del secreto bancario.
Jorge Gaggero, también se mostró escéptico sobre el avance que implica la "nueva" posición uruguaya y consideró el tema debería ser tratado a nivel regional y no mediante la OCDE. Para el economista, en los últimos años no se registraron acciones relevantes del Estado nacional para "forzar los límites informativos e institucionales que genera una situación de tanta debilidad y peligrosidad que erosiona la situación fiscal".
Por último, sería bueno recordar que el senador uruguayo y precandidato presidencial José Mugica sostuvo recientemente que "el secreto bancario cumplió una etapa y no está para nada a tono con una política de integración". Y en esto se adelantó nada menos que al presidente francés, Nicolás Sarkozy, cuya frase "la época del secreto bancario se ha terminado" se llevó todas las palmas en el cierre de la Cumbre del G20. ¿Será así?
Rubén Ramallo
©iProfesional.com
|
